La exigencia de solvencia moral y prestigio para la Defensoría del Pueblo

Tras la culminación de la fase de entrevistas, la Asamblea Nacional se encuentra ante un momento decisivo para la democracia panameña. La elección del próximo Defensor o Defensora del Pueblo no es un trámite administrativo más; es la oportunidad de rescatar y fortalecer una institución que ha perdido relevancia y conexión con la ciudadanía.

Quien asuma este cargo debe personificar los más altos estándares éticos y ser un referente indiscutible de integridad. Dado que la principal herramienta de la Defensoría es la sanción moral, su eficacia depende enteramente de la credibilidad que proyecte hacia la comunidad y los actores institucionales. Sin autoridad moral, la institución queda reducida a una figura decorativa.

Recordamos a los diputados que el requisito de solvencia moral y prestigio reconocido, estipulado en la Ley 504 de 2025, es un mandato imperativo. Rechazamos rotundamente que estas exigencias, ejes centrales del perfil requerido, sean relegadas a interpretaciones subjetivas para justificar designaciones cuestionables.

Conforme a los marcos jurídicos internacionales, estos conceptos poseen definiciones claras que deben guiar el proceso:

• Solvencia moral. Se refiere a la integridad ética y rectitud en la conducta personal y profesional. Implica una trayectoria coherente y comprometida con la defensa de los derechos humanos.
• Prestigio reconocido. Es la legitimidad social y la reputación construida a través de un ejercicio profesional destacado. Se fundamenta en la calidad técnica y el respeto ganado ante la comunidad.

Tomando en cuenta que la percepción pública es importante, advertimos que cualquier nombramiento percibido como una cuota política o que guarde vínculos estrechos con el Ejecutivo o Legislativo anula, de facto, el requisito de solvencia moral y prestigio reconocido.

La Asamblea tiene la responsabilidad histórica de elegir a una persona con un perfil y experiencia comprobada en derechos humanos, siguiendo los Principios de París. Estos principios, además, exigen pluralismo y transparencia.

Finalmente, instamos a que la elección no sea producto de acuerdos tras bastidores entre bancadas para imponer a defensores adjuntos a cambio de votos. La designación de los adjuntos debe derivar de una evaluación técnica realizada por el Defensor titular y no de imposiciones políticas que comprometan la autonomía de la institución.