Petición para impulsar una ley y protocolos de protección para personas defensoras y periodistas

Nos dirigimos al Defensor del Pueblo como activistas y personas defensoras de derechos humanos, para solicitar formalmente que la Defensoría del Pueblo retome la discusión y el impulso de un anteproyecto de ley y protocolos de atención integral destinados a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Panamá. Esta petición surge ante la preocupante tendencia de criminalización y acoso mediante el uso de procesos judiciales que buscan reducir el espacio cívico en nuestro país.

Es fundamental recordar que esta iniciativa tiene antecedentes importantes en la institución, como la creación de la Relatoría sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en octubre de 2016 y las reuniones iniciadas en noviembre de 2017 para definir un protocolo de protección. En aquel momento se trabajó sobre un texto base inspirado en la legislación colombiana y se acordó la creación de una comisión interinstitucional con participación de la sociedad civil. Sin embargo, no hubo avances sobre lo acordado.

La urgencia de este marco legal se evidencia en los compromisos internacionales adquiridos por el Estado panameño bajo el Acuerdo de Escazú. El artículo 9 de dicho acuerdo obliga a las Partes a garantizar un entorno seguro y propicio para que las personas y organizaciones que defienden los derechos ambientales puedan actuar sin amenazas ni inseguridad. Asimismo, el Estado debe tomar medidas efectivas para prevenir, investigar y sancionar ataques o intimidaciones contra estas personas defensoras.

Los hechos recientes demuestran, según la petición, que estas garantías no se están cumpliendo. Un ejemplo crítico es el caso de las acciones legales en la esfera civil interpuestas por la empresa Ocean Pacific Financial Service Corp., donde el Juzgado Quinto Liquidador Civil ordenó el secuestro de cuentas y bienes de las organizaciones Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) y Adopta Bosque. La demanda por presuntos daños y perjuicios representa, para las organizaciones firmantes, un grave precedente de hostigamiento judicial contra el activismo ambiental.

Históricamente se han registrado casos similares de acoso contra personas defensoras, como los sufridos por Ligia Arreaga, Larissa Duarte, Max Crowe, moradores de la Isla Pedro González y Damaris Sánchez, que han incluido demandas millonarias, secuestros civiles, denuncias penales y detenciones.

El secuestro de cuentas y bienes impide que las organizaciones ejecuten proyectos, sostengan su funcionamiento básico y paguen salarios. Estas acciones buscan asfixiar su labor de incidencia y trabajo socioambiental con comunidades, además de sembrar un clima de temor entre las organizaciones defensoras de derechos humanos y del ambiente.

En síntesis, el secuestro de bienes no es percibido por las personas defensoras como un trámite procesal, sino como un ataque directo a la sostenibilidad del activismo en Panamá, orientado a silenciar las críticas técnicas y ambientales mediante la asfixia económica y el miedo.

Solicitudes

Confiamos en que el liderazgo de la Defensoría impulsará este proceso para evitar que Panamá se convierta en un escenario de violencia sistémica contra quienes defienden los derechos de todas las personas.

Esperamos una pronta respuesta para coordinar la metodología de este esfuerzo conjunto.

1. Reinstalar la mesa de trabajo, con la participación del Órgano Judicial, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional, para la elaboración participativa del anteproyecto de ley y los protocolos de protección rápida.
2. Garantizar la participación de las personas activistas y organizaciones de derechos humanos y ambientales en dicha mesa, tal como se ha solicitado anteriormente, para asegurar la legitimidad de la política pública.
3. Implementar un diagnóstico nacional actualizado que identifique los riesgos actuales que enfrentan líderes comunitarios y personas defensoras en todo el territorio nacional, en concordancia con la acción prioritaria 10 de la Ruta de Implementación del Acuerdo de Escazú del Estado panameño.