La Alianza Ciudadana Pro Justicia - Red de Derechos Humanos de Panamá expresa su profunda preocupación ante las graves denuncias presentadas públicamente por organizaciones sindicales y sociales sobre la existencia de una presunta red clandestina de espionaje estatal, seguimiento e infiltración policial en movimientos sociales.
Como un asunto de principios expresamos lo siguiente:
Sobre las prácticas incompatibles con la democracia
El seguimiento físico, la interceptación no autorizada de comunicaciones, el monitoreo digital y la infiltración de agentes encubiertos en organizaciones sindicales, gremiales, ambientalistas, indígenas, estudiantiles y comunitarias constituyen prácticas incompatibles con una sociedad democrática. Estas acciones generan un clima generalizado de temor que provoca un devastador efecto inhibidor y de autocensura para el conjunto de la ciudadanía y en la sociedad civil organizada. Ninguna persona o activista puede ejercer libremente sus derechos fundamentales, si vive bajo la zozobra de ser vigilada por el propio Estado. Estas conductas violentan también el derecho humano a defender derechos humanos, como garantía autónoma reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El respeto a las libertades fundamentales
La libertad de pensamiento, la libertad de asociación y la libertad de expresión son derechos humanos fundamentales garantizados por la Constitución Política de la República de Panamá y los tratados internacionales suscritos por el país. Dichos derechos no pueden ser desconocidos, restringidos ni violentados por ninguna autoridad. Atentar contra estas libertades para un grupo vulnera directamente el derecho a defender derechos humanos, dejando en desprotección a quienes fiscalizan la labor gubernamental y promueven la justicia social.
Inviolabilidad de la intimidad, el hogar y límites de la función policial
Recordamos enfáticamente a las autoridades que los estamentos policiales y de inteligencia tienen atribuciones y limitaciones constitucionales estrictas. La intimidad de los activistas sociales, de sus hogares y de sus familias es inviolable. El seguimiento a familiares de dirigentes y el presunto uso de tecnología de espionaje sin autorización judicial sobrepasan todo marco legal y constituyen graves abusos de poder que deben ser investigados y sancionados.
Peticiones concretas a las instituciones del Estado
Ante la magnitud de los hechos denunciados por organizaciones sociales y sindicales, la Alianza Ciudadana Pro Justicia - Red de Derechos Humanos de Panamá exige formalmente:
- A la Procuraduría General de la Nación. Admitir e investigar con absoluta celeridad, independencia e imparcialidad la denuncia penal radicada, determinando la veracidad de los hechos.
- A la Defensoría del Pueblo. Ejercer de inmediato su mandato constitucional de salvaguarda de los derechos fundamentales, abriendo una queja de oficio y exigiendo explicaciones oportunas, transparentes y detalladas a la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad Pública sobre los señalamientos de seguimiento e infiltración contra organizaciones sindicales y sociales.
- A la Policía Nacional y al Ministerio de Seguridad. Rendir cuentas públicas e inmediatas sobre si las personas señaladas forman parte de estas instituciones.
Dado en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, a los 10 días del mes de septiembre de 2026.