Panamá ante la 56.ª Asamblea General de la OEA: un anfitrión logístico, pero no referente de derechos humanos y consensos sociales

En el marco del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, celebrado en la Ciudad de Panamá del 22 al 24 de junio de 2026, la Red de Derechos Humanos de Panamá denuncia la profunda contradicción entre la imagen internacional que el Estado pretende proyectar y la realidad interna de retrocesos sistémicos en derechos humanos. Mientras el Gobierno ensalza el multilateralismo bajo los pilares de la democracia, la prosperidad compartida y la convivencia hemisférica, la situación del país evidencia un grave deterioro.

A pocos días de este evento internacional, las autoridades anunciaron el traslado de 29 reclusos de alta peligrosidad a la Isla Coiba. Esta medida ignora que Coiba, declarada Patrimonio de la Humanidad, fue cerrada en 2004 precisamente por su historial de violaciones a los derechos humanos. Además, este traslado ocurre tras la fuga de 195 reos en La Joyita en junio de 2026, la mayor en la historia reciente del país, lo que dejó en evidencia la incapacidad estatal para garantizar la seguridad penitenciaria y ciudadana. Hasta la fecha del comunicado, no se habían deslindado responsabilidades ni transparentado la actuación de los estamentos de seguridad, y persistía la opacidad sobre las tres muertes ocurridas durante el hecho.

Panamá se presenta como anfitrión de un diálogo multilateral mientras, a lo interno, ignora los reclamos de diversos sectores:

• Deterioro del espacio cívico e impunidad. Suspensión de garantías constitucionales y abusos policiales tras las protestas de junio de 2025 en Bocas del Toro, sin que se hayan deslindado responsabilidades.
• Deuda con pueblos indígenas. Falta de ratificación del Convenio 169 de la OIT, lo que perpetúa la exclusión, represión y empobrecimiento de los pueblos indígenas.
• Retroceso en institucionalidad de género. Intención de eliminar el Ministerio de la Mujer, según el Proyecto de Ley 447.
• Inoperancia institucional en desarrollo social. Debilitamiento del MIDES y desprotección de los sectores sociales prioritarios.
• Debilitamiento de políticas de inclusión. Reducción del presupuesto de discapacidad para 2027 y exclusión de las organizaciones en las discusiones legales.
• Vulnerabilidad y retrocesos en derechos de la niñez. Falta de respuestas ante denuncias de abusos en centros de atención y avance del Proyecto de Ley 539, el cual prioriza un enfoque punitivo y represivo en un contexto de alta pobreza y exclusión educativa.
• Desconocimiento de derechos de personas mayores. Negativa persistente a ratificar la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.
• Persecución sindical y a defensores ambientales. Inclusión de Panamá en la lista corta de la OIT por violaciones laborales, uso de guerra jurídica contra sindicatos, demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP) y persecución contra activistas ambientales, en contravención del Acuerdo de Escazú.

A este panorama se suma una inminente crisis derivada de la posible reapertura de la mina de cobre en Donoso y los planes para construir un embalse en la cuenca del río Indio. Estos proyectos generan conflictos sociales que amenazan con agravarse ante la ausencia de espacios de diálogo y el desinterés deliberado de las autoridades por escuchar a los sectores sociales. Por el contrario, se profundiza una narrativa gubernamental de descalificación frente a cualquier forma de protesta o descontento social.

El país sufre un evidente deterioro del diálogo público y una caída significativa en los índices internacionales de libertad de prensa. Muestra de este cierre del espacio cívico es que la Concertación Nacional para el Desarrollo no se reúne desde agosto de 2024 y la elección de dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia en 2025 se realizó al margen de los acuerdos del Pacto de Estado por la Justicia. Asimismo, otros espacios de participación de la sociedad civil establecidos por ley tampoco están siendo respetados.

Hoy, el Gobierno panameño actúa como candil de la calle y oscuridad de la casa: financia y lidera diálogos multilaterales mientras impone una captura política de instituciones clave, como la Defensoría del Pueblo, y desconoce los espacios de interlocución con la sociedad civil panameña. Esta contradicción erosiona la confianza democrática y, en consecuencia, amenaza el ejercicio efectivo de los derechos humanos de todas las personas habitantes de la República.