El Defensor o Defensora del Pueblo que el país necesita

En las semanas siguientes a la publicación de este pronunciamiento, la Asamblea Nacional iniciaría el proceso de elección del nuevo Defensor o Defensora del Pueblo de la República de Panamá. Ante ese escenario, hicimos un llamado a los diputados y diputadas sobre la urgencia de establecer un mecanismo de selección transparente y participativo, enfocado en un perfil que garantice la integridad de una institución fundamental para la democracia.

Panamá requiere una Defensoría que sea un verdadero espacio de escucha, diálogo y consenso. Quien lidere esta entidad debe encarnar los más altos estándares éticos, creer firmemente en los valores democráticos y convertirse en el principal aliado de quienes defienden los derechos humanos. El Defensor o Defensora del Pueblo debe ser la voz de los sin voz: la última línea de defensa de la ciudadanía frente al Estado.

Más allá de los requisitos constitucionales, la persona seleccionada debe cumplir con un perfil mínimo deseable que asegure su autonomía.

1. Solvencia moral y prestigio reconocido

• Trayectoria comprobada en el ámbito de los derechos humanos, tanto a nivel nacional como internacional.
• Conducta ética intachable, sin antecedentes de violencia intrafamiliar, acoso o violaciones a derechos fundamentales.
• Compromiso de rendir cuentas y presentar declaración jurada de intereses ante la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.

2. Formación y experiencia profesional

• Conocimiento sólido de tratados y estándares internacionales. A la Defensoría no se llega a aprender, se llega a ejecutar con experiencia comprobada en el diálogo con la sociedad civil y grupos en situación de vulnerabilidad.

3. Competencias y capacidades

• Independencia y autonomía frente a intereses políticos o económicos, garantizando estar del lado de la justicia en la defensa de los derechos.
• Capacidad de mediación y diálogo para construir puentes entre ciudadanía, instituciones del Estado y actores internacionales.
• Liderazgo ético y transparente, con credibilidad ante la sociedad y organismos internacionales.
• Sensibilidad y respeto por la persona humana, con un enfoque inclusivo que reconozca las diversidades.
• Defensa y promoción de los derechos de poblaciones en condiciones históricas de opresión.

4. Visión estratégica

• Integración de los derechos humanos en entornos digitales como parte integral de la agenda de la Defensoría.
• Convertirse en un referente nacional e internacional en la protección de derechos humanos.
• Fortalecer la institucionalidad democrática mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.
• Promover la articulación con organismos internacionales y regionales para garantizar estándares de protección y cooperación.
• Asegurar que la Defensoría del Pueblo sea un espacio accesible, confiable y cercano a la sociedad civil y la ciudadanía.

Compromiso con la participación ciudadana

La Defensoría del Pueblo es el baluarte contra los abusos de poder. Su reto principal es exigir al Estado el cumplimiento de sus deberes cuando la voluntad política es insuficiente. Su mayor fortaleza radica en su capacidad de interlocución con la sociedad civil; es en este respaldo social donde la institución encuentra la legitimidad necesaria. La Defensoría no puede ser percibida como una extensión del Ejecutivo o del Legislativo.

Siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es imperativo que el nuevo titular reactive el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo. Este debe integrarse por personas de reconocida trayectoria en los derechos de las mujeres, pueblos indígenas, población afrodescendiente, niñez, personas mayores, personas con discapacidad, migrantes, población LGTBIQ+ y personas defensoras ambientales, sirviendo como un monitor permanente de la Agenda Nacional de Derechos Humanos.

Advertencia sobre la legitimidad: el nombramiento de figuras vinculadas al partido de gobierno, miembros del Gabinete o círculos de confianza del Ejecutivo y Legislativo no solo profundizaría la crisis de legitimidad de esta institución, sino que anularía su rol esencial de contrapeso.

Llamado a la Asamblea Nacional

Instamos a los diputados y diputadas a garantizar un escrutinio público y riguroso, con una participación amplia y efectiva de la sociedad civil, tal como lo mandatan los Principios de París, adoptados por la Asamblea General de la ONU en 1993. La seriedad de este proceso determinará si la Defensoría será, finalmente, una institución independiente, plural, eficaz y capaz de generar los diálogos que el país demanda.